Como parte de la segunda edición del festival de Cine Migrante el martes pasado se llevó a cabo una interesante conferencia en el Centro Cultural de la Cooperación sobre "Migración y cumplimiento de derechos en la región del Cono Sur".
Cuatro especialistas en la materia -Pablo Ceriani (Centro de Derechos Humanos de la UNLa), Alfonso Hinojosa (Bolivia), Deisy Ventura (Espacio Sin Frontera, Brasil), Tania Zabala (Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J., Ecuador)- reflexionaron sobre la situación en Latinoamérica.
Cuatro especialistas en la materia -Pablo Ceriani (Centro de Derechos Humanos de la UNLa), Alfonso Hinojosa (Bolivia), Deisy Ventura (Espacio Sin Frontera, Brasil), Tania Zabala (Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J., Ecuador)- reflexionaron sobre la situación en Latinoamérica.
 |
| T. Zabala, D. Ventura, A. Hinojosa y P. Ceriani |
A través del análisis de la problemática migratoria mediante el repaso por las diferentes políticas aplicadas en Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina en los últimos años, se llegó a una misma conclusión: los avances desde el punto de vista normativo y discursivo -en especial para los migrantes del Mercosur-son notorios; pero estos cambios aún no se reflejan en la práctica.
Los disertantes destacaron la creciente importancia que los gobiernos latinoamericanos les han dado en los últimos años a la problemática migratoria. Como ejemplos se citó la sanción de la Ley de Migraciones en 2004 de Argentina, la nueva constitución política del Estado en 2005 de Bolivia, la reforma constitucional en 2008 en Ecuador y la Ley de Amnistía en 2009 en Brasil.
Sin embargo, se señaló que en los hechos este reconocimiento y legitimación de los derechos no se está respetando, debido a la propia incapacidad y a una contradictoria falta de voluntad política de los Estados, para -por un lado- solucionar los problemas de coordinación e implementación a nivel institucional y por otro para dejar de lado un comportamiento de potencia y autárquico con sus lógicas restrictivas tanto de seguridad nacional como de mercado laboral aplicadas en etapas dictatoriales.
Zabala explicó que en Ecuador, la visión de ciudadanía universal que ofrece la nueva constitución, con una política de "puertas abiertas" y un enfoque de derechos y respeto a los tratados internacionales, "no se termina de efectivizar porque se mezclan con otras leyes de menor jerarquía y los funcionarios que se encargan del tema migratorio se ciñen a ellas". Así, por ejemplo, "hoy se le niega el DNI a hijos de inmigrantes irregulares y se solicita la visa a ocho países", agregó.
Además la investigadora señaló que existe una "dispersión" para el tratamiento de las migraciones. "Es un tema transversal que se lo reparten los distintos ministerios con competencias difusas sin que haya un ordenamiento adecuado", sostuvo.
En este sentido Ceriani señaló que "definir con claridad cuáles son los organismos competentes en temas migratorios, es un desafío pendiente en todos los Estados", en tanto criticó la "casi ausencia del poder judicial en políticas migratorias y derecho de las personas migrantes ante una normativa deficiente o su mala implementación". "Salvo asilados casos de jurisprudencia, la participación es escasa", agregó.
Por su parte, Ventura señaló que en Brasil ya existe 1.300.000 de inmigrantes regularizados y que gracias a la Ley de Amnistía, cerca de 42 mil tienen el permiso de residencia provisoria. Sin embargo, la docente explicó que si bien existe un poyecto de ley 5655 que tramita el Parlamento que propone un cambio de la ley de extranjeros que controla las actividades políticas de los extranjeros en el país, en realidad sólo cambia el plazo de la naturalización de cuatro a diez años. "No se permite el trabajo en medios de comunicación, siendo las radios comunitarias un vehículo importante de interacción entre migrantes", criticó.
En cuanto a la acción regional a través del Mercosur -en Unasur aún no es tema de agenda-, se destacó el acuerdo de residencia para los países que la integran y la decisión 64 del Consejo del Mercado Común del Mercosur que habla de la posibilidad de obtener el estatuto de la ciudadanía en diez años. Para Ceriani son "pequeños avances a la lógica existente de regular las categorías de residencia de acuerdo al interés y al aporte que el inmigrante pueda generar", aunque criticó la similitud con la Unión Europea o Estados Unidos. "Se deja de lado al resto de los países, en su mayoría pobres, en vías de desarrollo y con una presión migratoria relacionada a la pobreza, a los conflictos y a los cambios climáticos", señaló Ventura.
Ceriani resaltó la importancia de acelerar los tiempos en cuanto a la implementación de los acuerdos alcanzados. "La regularización representa un elemento estructural de la política migratoria, elemento clave para el desarrollo humano de los países que recien migrantes, para la lucha contra el trabajo informal y exclusión social".
En paralelo, el investigador destacó el problema del control migratorio y la criminalización con "legislaciones que establece la detención o expulsión como única respuesta". Como ejemplos citó "casos como el de México donde últimos meses aparecieron cientos de migrantes en fosas comunes, o con la legislación chilena que establece hasta diez años de prisión por infracciones migratorias".
Los disertantes destacaron la creciente importancia que los gobiernos latinoamericanos les han dado en los últimos años a la problemática migratoria. Como ejemplos se citó la sanción de la Ley de Migraciones en 2004 de Argentina, la nueva constitución política del Estado en 2005 de Bolivia, la reforma constitucional en 2008 en Ecuador y la Ley de Amnistía en 2009 en Brasil.
Sin embargo, se señaló que en los hechos este reconocimiento y legitimación de los derechos no se está respetando, debido a la propia incapacidad y a una contradictoria falta de voluntad política de los Estados, para -por un lado- solucionar los problemas de coordinación e implementación a nivel institucional y por otro para dejar de lado un comportamiento de potencia y autárquico con sus lógicas restrictivas tanto de seguridad nacional como de mercado laboral aplicadas en etapas dictatoriales.
Zabala explicó que en Ecuador, la visión de ciudadanía universal que ofrece la nueva constitución, con una política de "puertas abiertas" y un enfoque de derechos y respeto a los tratados internacionales, "no se termina de efectivizar porque se mezclan con otras leyes de menor jerarquía y los funcionarios que se encargan del tema migratorio se ciñen a ellas". Así, por ejemplo, "hoy se le niega el DNI a hijos de inmigrantes irregulares y se solicita la visa a ocho países", agregó.
Además la investigadora señaló que existe una "dispersión" para el tratamiento de las migraciones. "Es un tema transversal que se lo reparten los distintos ministerios con competencias difusas sin que haya un ordenamiento adecuado", sostuvo.
En este sentido Ceriani señaló que "definir con claridad cuáles son los organismos competentes en temas migratorios, es un desafío pendiente en todos los Estados", en tanto criticó la "casi ausencia del poder judicial en políticas migratorias y derecho de las personas migrantes ante una normativa deficiente o su mala implementación". "Salvo asilados casos de jurisprudencia, la participación es escasa", agregó.
Por su parte, Ventura señaló que en Brasil ya existe 1.300.000 de inmigrantes regularizados y que gracias a la Ley de Amnistía, cerca de 42 mil tienen el permiso de residencia provisoria. Sin embargo, la docente explicó que si bien existe un poyecto de ley 5655 que tramita el Parlamento que propone un cambio de la ley de extranjeros que controla las actividades políticas de los extranjeros en el país, en realidad sólo cambia el plazo de la naturalización de cuatro a diez años. "No se permite el trabajo en medios de comunicación, siendo las radios comunitarias un vehículo importante de interacción entre migrantes", criticó.
En cuanto a la acción regional a través del Mercosur -en Unasur aún no es tema de agenda-, se destacó el acuerdo de residencia para los países que la integran y la decisión 64 del Consejo del Mercado Común del Mercosur que habla de la posibilidad de obtener el estatuto de la ciudadanía en diez años. Para Ceriani son "pequeños avances a la lógica existente de regular las categorías de residencia de acuerdo al interés y al aporte que el inmigrante pueda generar", aunque criticó la similitud con la Unión Europea o Estados Unidos. "Se deja de lado al resto de los países, en su mayoría pobres, en vías de desarrollo y con una presión migratoria relacionada a la pobreza, a los conflictos y a los cambios climáticos", señaló Ventura.
Ceriani resaltó la importancia de acelerar los tiempos en cuanto a la implementación de los acuerdos alcanzados. "La regularización representa un elemento estructural de la política migratoria, elemento clave para el desarrollo humano de los países que recien migrantes, para la lucha contra el trabajo informal y exclusión social".
En paralelo, el investigador destacó el problema del control migratorio y la criminalización con "legislaciones que establece la detención o expulsión como única respuesta". Como ejemplos citó "casos como el de México donde últimos meses aparecieron cientos de migrantes en fosas comunes, o con la legislación chilena que establece hasta diez años de prisión por infracciones migratorias".
Otro obstáculo importante para el migrante tiene que ver con el acceso a derechos sociales y políticos. Al respecto Ceriani mencionó "trabas normativas y administrativas relacionadas con la xenofobia, la creencia sociológica o estereotipación de que la persona en situación migratoria irregular no es un sujeto de derechos, ligándolo con la delincuencia".
A pesar de ello, Hinojosa destacó la importancia que ha venido teniendo en los últimos años la "politización de las migraciones asumida por las organizaciones y colectividades bolivianas residentes en el exterior, quienes se atrevieron a plantear sus demandas hacia el Estado". "Es desde esta capacidad de construirse a sí mismo como sujeto migrante y su organización colectiva desde donde se genera la levadura que posibilita la transformación de estructuras e institucionalidades", afirmó el sociólogo.
Para cerrar, Ceriani concluyó que mas allá de "la ausencia de políticas de integración en países históricamente receptores de migrantes", es importante revisar "las políticas públicas que lidian en la región con las causas de la migración hacia otros países en busca de un mejor futuro".
No hay comentarios:
Publicar un comentario