Hecha la ley, hecha la trampa

Mientras se habla de la construcción del tren bala, la ampliación de líneas de subtes y la incorporación de aire acondicionado en los colectivos urbanos, hay otros temas relacionados al transporte que aunque no vendan remiten a problemas muy graves. La accesibilidad de personas con discapacidad cuenta con un fuerte respaldo legal, pero sigue sin ser respetada, lo que atenta contra la igualdad de derechos a la hora de viajar.

Luis Giuliani es uno de los más de 2,2 millones de discapacitados que hay en todo el país. Creador de Mundo Discapacitado, uno de los foros digitales más importantes del país, su lucha y defensa de los derechos de las personas con su misma condición es constante y sanguínea.

“Cuando empecé a leer me di cuenta que las leyes existen y que más que hacer nuevas lo que hay que lograr es que se cumplan”, opina a pocos metros de la primera de las empresas en la que intentará conseguir el pasaje que necesita para viajar a Posadas.

La primera en visitar es Crucero del Norte, una de las tantas que viajan con micros sin seguros, sin habilitación y sin ningún tipo de autorización por parte de la Secretaria de Transporte.

Este organismo es para muchos el principal responsable de la situación crítica del transporte. Allí se administran 3 mil millones de pesos anuales destinados a subsidios para las empresas, a quienes también se beneficia con un precio de gasoil más barato ($o.63 el litro) y el permiso para utilizar colectivos de hasta 15 años de antigüedad junto con la prórroga para incorporar unidades adaptadas, como lo exige el decreto 914/97. Estas medidas parecen excesivas, no sólo porque el país no aparenta estar en "emergencia económica" –causa por la que se iniciaron los subsidios donde se intentaba evitar la suba de tarifas- sino porque tampoco hubo mejoras acordes en el servicio.

Paralelamente, el titular de la Secretaría, Ricardo Jaime -ex funcionario de la dictadura, de estrecha relación con el ex presidente Kirchner y reelecto en diciembre pasado- es uno de los funcionarios con más causas judiciales en su contra (un dato: su patrimonio se ha incrementado de manera significativa desde que está en el cargo).



Luego de presentar el certificado de discapacidad, la empleada Yael Méndez le informa: “El trámite es de lunes a viernes entre las 9 y las 14 horas en la oficina 179”. Y se justifica:“Todas las empresas tienen horarios restringidos…”.

Ni la ley 25635 ni el decreto 38/04 que se refieren a la gratuidad del viaje en transporte colectivo terrestre de corta, media y larga distancia especifican los horarios de atención diferenciados, lo que constituye un acto discriminatorio de la empresa.

En Expreso Singer la respuesta de su empleado, Francisco Maidana, es aún más insólita: “Para sacar un pasaje por discapacidad debe hacerlo una semana antes del comienzo del mes”.

El decreto 38/04 sólo exige que la solicitud del pasaje deberá ser formulada con 48 horas de antelación.

Luego de obtener los pasajes -por intermedio de la empresa Tigre Iguazú- Luis se dirige a la oficina 130 de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y realiza las denuncias hacia las empresas que se los negaron.

Si la CNRT decide hacer el acta de infracción a las empresas, la misma se eleva a la CNRT Central de Maipú 88, donde se procesa y muchas veces queda archivado, sin sanción alguna. El ejemplo está en que la empresa Flecha Bus, dueña del 48% del mercado, no tuvo ni una sola acta o denuncia en todo 2007. Esto es lo que parece querer cambiar el nuevo interventor de la CNRT, Eduardo Sícaro, quien en enero, a poco de asumir, envió una carta documento a las empresas intimándolas al cumplimiento de las leyes bajo amenaza de sanción, que incluye una multa que hoy alcanza los $9000.

Al salir de la CNRT, un empleado de una empresa le avisa a Luis que Kurtz-Eta (perteneciente a Flecha Bus) también realiza viajes a Posadas. Al acercarse hasta allí, lo atiende una chica sin identificación, que le dice que hay pasajes, pero al ver el certificado de discapacidad le aclara que, por un arreglo con la CNRT, a las personas discapacitadas sólo pueden ofrecerles pasajes en coche semicama. Ante la protesta de Luis la empleada le dice que “la ley sólo cubre esa clase de pasajes” y que igual va a poder viajar cómodo. Luís llama a la Policía porque se siente discriminado y porque no están cumpliendo con la ley.

El decreto 38/04 no especifica el servicio a brindar por lo que la empresa no puede arbitrariamente negar alguno si tiene disponibilidad. Además, el dictámen GAJ de la CNRT Nº974, establece que “el derecho a la gratuidad comprendería a todas las categorías de cada uno de los servicios de transporte…”.

Por su parte, los artículos 16 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional defienden la igualdad de derechos y la Ley 23592 y 25280 atentan contra la discriminación.
Por último, cabe agregar que la feroz monopolización de las empresas como Flecha Bus, Plaza y Plusmar imposibilita el acceso a otras empresas que cumplan con las leyes.

Mientras la Policía que se acerca al lugar y toma una actitud pasiva, se acercan un inspector de la CNRT, Alberto Marra, para aclarar que ellos no arreglaron nada con la empresa y otra persona que sólo se identifica como gerente de Kurtz-Eta. Ambas personas se terminan alejando juntas ante la mirada resignada del danmificado.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, en los últimos años ha recibido innumerables denuncias relacionadas al constante incumplimiento de las normas relativas a la discapacidad y a la accesibilidad en el transporte. Así lo indican los últimos informes anuales y lo corrobora Cecilia Pazos, del Área de Derechos Humanos del organismo. Asimismo la Defensoría critica el pobre accionar de la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas), organismo nacional de gobierno, que al contrario de cumplir con el objetivo por el que fue creado, esto es, promover una mayor toma de conciencia sobre la discapacidad, controlando los incumplimientos legales y elaborando proyectos, sólo cumple con tareas asistenciales.
Otro de los organismos gubernamentales en la mira es el INADI, (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Tanto Luis Giuliani, como Carolina Buceta, titular de REDI (Red por los Derechos de las personas con Discapacidad), forman parte del foro temático del Instituto, pero ambos coinciden en que no es útil a nivel práctico. En la página del organismo una estadística ubica con un 21% a la discapacidad en primer lugar por sobre los demás tipos de discriminación. Sin embargo, según Giuliani no ha habido resoluciones favorables sobre el tema. En tanto Buceta renunció a la coordinación del foro porque “estaban más preocupados en lanzar los foros por televisión que para resolver tema como el de los pasajes o el cupo laboral”. “Es un modo de hacer creer a las ONGS que tienen participación e injerencia política y les dan un espacio físico para que se reúnan”, explica.

Luís se va de Retiro. Consiguió su pasaje, es verdad, pero en menos de una hora presenció y comprobó cómo las empresas inventan con impunidad procedimientos que van en contra de la ley a la vista de todos, inclusive de la policía que parece no enterarse de nada.

Luis Giuliani a punto de iniciar su recorrido por la estación de Retiro.

Investigación: Daniel Barrientos / Federico Strifezzo / Adrián Díaz Erpen